Cuestionan incumplimientos del transporte para ex soldados de Malvinas

A través de un Proyecto de Comunicación, la diputada provincial Myriam Duarte solicitó que la Secretaría de Transporte de Misiones informe en qué situación se encuentra la aplicación de la ley que habilita el transporte sin cargo para los ex soldados conscriptos, y ex combatientes en las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, ya que entiende que algunas empresas de transporte de pasajeros no acatan la legislación.
En ese mismo sentido, quiere saber si la Dirección General de Transporte extiende el pase libre sin cargo, si garantiza la aplicación de esta ley, y qué medidas o acciones toman frente a los incumplimientos.
Duarte solicitó y obtuvo el tratamiento preferencial de su Proyecto de Comunicación, ya que referentes de las organizaciones que nuclean a los ex soldados que defendieron la bandera durante el conflicto bélico de las Malvinas, manifestaron que la norma no se cumple. Muchos de los diputados escucharon en las comisiones de trabajo, las problemáticas de los ex soldados, “en situaciones que fueron de profunda conmoción para todos, generando un compromiso frente a las problemáticas que nos plantearon como urgentes”, expresó.
Agregó que frente a las distintas opciones de reconocimiento que se plantaron en las comisiones , «insistieron en la importancia que tenía para ellos el reconocimiento moral, mucho más que el económico, debido a una serie de situaciones y afectaciones a su vida que tuvo esa situación de conflicto bélico».

«Los humillan bajándoles de los ómnibus en la ruta»
En las últimas semanas, “nos encontramos con que en muchos lugares de la provincia incumplen con lo que determina la Ley Décima Nro 1, que regula los transportes en Misiones, y que en su Artículo 18 Inciso i, plantea con claramente la gratuidad de la circulación de los transportes públicos tanto para ex conscriptos como para ex combatientes. Esto no solo no se está cumpliendo, sino también sucede que nuestros ex soldados bajo bandera se ven sometidos a situaciones de humillación, como cuando los bajan de los ómnibus en cualquier lugar de la ruta, a pesar de sus condiciones de salud», aseguró la legisladora.

Esa situación dista del reconocimiento moral que reclamaban, ya que se enfrentan «a situaciones de terrible humillación. 
El transporte público es, justamente, un servicio público concesionado a terceros para garantizar, con recursos del Estado que se cumpla el objetivo de la prestación del servicio público, y no para engrosar las arcas de las empresas», subrayó Duarte en el recinto al fundamentar su pedido.
No cumplen con las condiciones que pone en Estado
En ese sentido, la diputada lamentó que “las empresas privadas que explotan un servicio público concesionado por el Estado, no cumplan con lo que el Estado establece como condición”.
En los fundamentos del proyecto asegura que, incluso las empresas de transporte urbano, se niegan a transportarlos con la sola presentación del carnet emitido por la autoridad competente, negando incluso el acceso a la tarjeta SUBE en el área metropolitana.
Escuchar la descripción de este tipo de situaciones nos retrotrae a varios momentos en los que referentes a las organizaciones que los nuclean, describiendo con dolor y tristeza las situaciones  de sometimiento a las que se ven expuestos muchas veces. Muchos de los ex soldados con secuelas de diversos tipos, de las que no pueden dar cuenta ante su propia familia, ya que el Estado no los reconoce”.

No pueden primar las demandas corporativas de las empresas
Destacó que se sabe que en incontables ocasiones, las empresas privadas niegan la posibilidad del transporte a personas con discapacidad, o el descuento correspondiente a jubilados, y diferentes faltas a la legislación, absolutamente clara en cuanto a los sectores vulnerables, especialmente considerados por el Estado. 

«Es aquí donde los lineamientos políticos deben imponerse a las demandas corporativas de las empresas, determinando con claridad la política pública en la materia. Resulta inaceptable que una norma propuesta y sancionada por legisladores provinciales, determinando con claridad el norte de la política pública provincial, sea sencillamente desestimada por ciertos actores sociales, negando la existencia de la ley, y por lo tanto a su cumplimiento”, sostiene la iniciativa.
Duarte consideró “que es necesario que como representantes del pueblo, «nos pongamos al frente de esta situación para buscar el reconocimiento de los conciudadanos, y fundamentalmente el cumplimiento de la ley por parte de quienes tienen bajo su responsabilidad, la concesión de un servicio público que debe garantizar el Estado”, enfatizó.

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