La Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos y Actividades de Inteligencia da a conocer un informe en el que se recomienda al Poder Legislativo crear una Comisión Bicameral que examine los vínculos y conductas de jueces, fiscales, camaristas y miembros de la Corte, a partir de las denuncias y argumentos sobre espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri.
En el documento, se afirma que en el período 2015 – 2019 «se utilizó el poder del Estado para implantar un plan sistemático de espionaje político ilegal», y solicitan se trate de forma específica la conducta de un puñado de jueces, fiscales, camaristas y miembros de la Corte que “desviaron de las normas constitucionales afectando el Estado de Derecho en sus aspectos más esenciales como lo son la vida pública y privada de los ciudadanos, el principio de inocencia, el debido proceso y la defensa en juicio”.
Alegan que los nombres de las operaciones contra opositores políticos, sindicales y empresarios no alineados con el gobierno de Macri dan cuenta de la amplitud del espectro alcanzado: «Operación Instituto Patria; ARA San Juan; Servicio Penitenciario; Pablo Barreiro; Fariña-Etchegaray; Juez Carzoglio; BrusaDovat-PDVSA; Atentado contra José Luis Vila; Pedro Etchebest; Dirigentes políticos del Norte Argentino; Gas Natural Licuado – GNL, por mencionar sólo algunas, incluyendo la que sufrió la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández».
«No quedó nada afuera: hubo aproximadamente 170 organizaciones políticas, sociales y gremiales espiadas ilegalmente; al menos 307 víctimas directas confirmadas; 43 intervenciones de los servicios de inteligencia en causas penales solamente en los primeros 12 meses de gestión», detalla el archivo.
El objetivo, aseguran, era armar denuncias y difundirlas para crear “un clima de odio, rencor y revancha que justificara la intervención judicial sin que importaran las pruebas y mucho menos el debido proceso y las demás las garantías constitucionales, para borrar o montar una nueva memoria popular sobre el ciclo político que había gobernado la Argentina desde el año 2003 hasta el año 2015”. Y que no era posible armar este circuito sin financiamiento, por lo que el gobierno de Macri decidió por decreto que los gastos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) vuelvan a ser reservados «sin control alguno».
“En razón de estos fundamentos y de los hechos investigados que se acompañan, es que dictaminamos la necesidad de imponer al Parlamento argentino y por su intermedio a la sociedad toda, sobre la existencia de una estructura ilegal de espionaje y persecución política de matriz mafiosa que en los últimos años ha conmovido el sistema institucional de nuestro país, sobre cuyos pilares se montó una amenaza a la propia democracia», manifiesta.
El documento fue elaborado por integrantes de la bicameral presidida por el oficialista Leopoldo Moreau, quien a fines de marzo aseguró que hubo “más de 300 víctimas” de espionaje ilegal “sistemático” montado desde la AFI, entonces encabezada por Gustavo Arribas.
Fuente: IP Noticias
