Este sábado, Misiones contestará la demanda por el Fondo del Conurbano Bonaerense

La respuesta será contra el litigio impulsado por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires en reclamo de la actualización del Fondo del Conurbano Bonaerense, iniciativa que pone en riesgo a todas las economías provinciales.

Este sábado 29 es la fecha tope dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación,  por este motivo, Misiones hará la presentación contestando la demanda planteada por la Provincia de Buenos Aires.

El escrito fundamenta la defensa absoluta de los intereses de la Provincia de Misiones, cuyos recursos se ven amenazados de prosperar la presentación judicial interpuesta por Buenos Aires a las restantes jurisdicciones provinciales.

El 1 de agosto del año pasado la Provincia de Buenos Aires presentó una demanda contra el Estado nacional en la Corte Suprema por considerar «inconstitucional» el tope de 650 millones de pesos. La presentación judicial de la gobernadora María Eugenia Vidal pretende inclusive un resarcimiento por lo no percibido del orden de los 300 mil millones de pesos que surgen del reclamo por el retroactivo de los recursos no recibidos entre 2011 y 2015.

En estos veinte años transcurridos, la recaudación de Ganancias aumentó producto de la inflación, las devaluaciones, el crecimiento económico y la falta de actualización al mínimo no imponible, pero el tope se mantuvo. Esto produjo que la provincia de Buenos Aires se quede hoy con menos del 2% del Fondo del Conurbano. Pretender Vidal que, en cambio, ese 10% de Ganancias se remita exclusivamente a la Provincia de Buenos Aires: unos 53.000 millones de pesos en el ejercicio 2017 y unos 65.000 millones en 2018. Es decir, las Provincias directamente dejarían de percibirlo.

El Fondo del Conurbano se impuso bajo el argumento que la distribución de la coparticipación federal era injusta para Buenos Aires. Argumento que pueden esgrimar todas las Provincias y Misiones entre ellas. Esa fue la razón por la que en la Reforma Constitucional de 1994, se dispuso que debía adoptarse a dos años de producida –en el 1996- una nueva ley de Coparticipación Federal.

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