«Desde que asumimos en noviembre del 2017 el trabajo en la defensoría se incrementó en más del 300 %, con los mismos recursos humanos y bienes de movilidad. Hoy se hace difícil el funcionamiento de la institución» arrancó explicando el ombudsman posadeño, Alberto Penayo, durante su presentación ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto.
Durante el presente año se han iniciados 767 expedientes mientras que en el 2017 solo fueron 130. «En la Defensoria del Pueblo trabajamos un equipo de 20 personas, para atender los problemas de una ciudad de más de 300 mil habitantes», indicó Penayo y solicitó la incorporación de 8 personas y la compra de un vehículo.
«Necesitamos acompañamiento en el proyecto, hoy el personal se encuentra atendiendo tres veces más de la capacidad estimada, es importante que se entienda que la demanda se centra en brindar eficiencia y eficacia en las diferentes mediaciones que requieran las problemáticas emergentes», aclaro Penayo.
También dejó expresado que la magnitud del crecimiento en los reclamos obligó a diseñar nuevos mecanismos como la mesa Interinstitucional, mediación y asambleas colectivas con participación directa de los vecinos en las decisiones.
Durante el año fueron atendidos 4000 personas por diferentes situaciones de los que además de los 767 expedientes iniciados, 520 casos son trámites rápidos, «quiere decir que tuvieron soluciones dentro de los diez días».
Además, detalló que los principales reclamos recaen sobre tarifas de transporte de pasajeros, luz, agua y regularización de tierras y que estos siguen en aumento y espera que la crisis económica se encuentre en su techo, «para que la demanda en la defensoría disminuya, y no tengamos que seguir pidiendo más presupuestos».
«Solicitar la incorporación de más recursos humanos siempre es algo que permite distorsión en el análisis de la realidad», sentenció Penayo.
