A una semana de que la Justicia diera lugar a la Medida Cautelar presentada por la Defensoría del Pueblo, se realizó este miércoles la Audiencia en el Juzgado en lo Civil y Comercial n° 7 donde participaron representantes del EPRAC, SAMSA, EMSA e IMAS, el Defensor del Pueblo, Alberto Penayo, la Ministra de DDHH, Lilia «Tiki» Marchesini, y el diputado, Roque Gervasoni.
La Jueza a cargo, Dra. Viviana Gamberale, escuchó a cada parte presente y dejó en claro que se debe tomar el tema seriamente y «que se debe resolver de manera concreta la situación de las familias que están sufriendo». A continuación, ordenó la conformación de un registro en donde figurarán casos puntuales de usuarios del servicio (conectados legalmente) que presenten alguna situación de riesgo o tengan un alto grado de vulnerabilidad: sin tanque, con familiares discapacitados, abuelos, etc. Los mismos serán presentados a SAMSA para urgente respuesta e informado a la Justicia para que ésta controle el cumplimiento de la empresa en la resolución del problema.
Asimismo, ordenó la realización de un informe socioambiental, a fin de conocer la situación de cada familia afectada por el Acueducto de Villa Lanús y poder evaluar un Plan de Contingencia acorde a las necesidades de cada sector. A partir de la consolidación de estas dos medidas, las instituciones se volverán a reunir en instancia conciliatoria en el mes de marzo para avanzar en la causa.
“Se trata de un escenario complejo, con diversas aristas: económicas, políticas, sociales. Lo que lo hace más complicado aún, de abordar. Pero nuestra prioridad es el vecino que no tiene agua y apuntamos a que esto se modifique” concluyó Penayo.
