En mayo de 2018, Venezuela tuvo comicios electorales donde el mismo Presidente Nicolás Maduro se proclamó ganador por un nuevo mandato.
Sin embargo, las elecciones no fueron legítimas por no cumplir con los estándares internacionales: ser transparentes y democráticas. Además, la convocatoria fue realizada por la Asamblea Constituyente (órgano con mayoría oficialista) y no por el Consejo Nacional Electoral quien tiene la facultad conferida por la Constitución Nacional.
Tal es así que, el 10 de enero de 2019, Maduro prestó juramento por un nuevo mandato presidencial por seis años frente al Supremo Tribunal de Justicia y no ante la Asamblea Nacional Constituyente, como establece el orden jurídico.
Como consecuencia, la comunidad internacional se expresó ante la situación que está atravesando el pueblo de Venezuela. Se creó un espacio multilateral denominado «Grupo de Lima» con el objeto de realizar un seguimiento a la situación de ese país, ofrecer ayuda humanitaria, desconocer la legitimidad del nuevo mandato presidencial y encontrar una solución pacífica ante tal realidad.
Dicho grupo está formado por la unión de 14 Estados integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía. Estos han suscrito a la Declaración de Lima, excepto México, encabezado por su nuevo Presidente, Manuel López Obrador, quien tomó la posición de no inmiscuirse en los asuntos internos y sostener la relaciona bilateral que mantienen.
La Organización de los Estados Americano (OEA), mediante la aprobación de una resolución, manifestó el compromiso de no reconocer al régimen de Nicolás Maduro y su nuevo periodo presidencial 2019 – 2025 y llama a celebrar nuevas elecciones justas, libres y transparentes. En la misma línea, se expresó el Bloque de la Unión Europea.
Desde la región, cada Estado decidió tomar medidas sancionatorias de carácter políticas y diplomáticas contra el régimen que avasalla la democracia en Venezuela y no contra el pueblo.
Paraguay decidió romper las relaciones diplomáticas retirando a sus funcionarios acreditados de las Embajadas en Caracas.
Argentina, opta por no permitir ingresar al país a funcionarios diplomáticos de la delegación del régimen político actual.
En tanto que Chile no corta sus relaciones diplomáticas con Venezuela porque hay más de 10 mil chilenos que viven allí, entonces es necesario que funcionen los consulados. Además, quieren facilitar que el ciudadano de Venezuela, que quiera emigrar a Chile, lo puede hacer gestionando la «visa de responsabilidad democrática».
Ante la espalda de varios Estados de América y Europa, Nicolás Maduro se apoya en países como Rusia, China, India, Turquía y Bielorrusia. Por ello, el fortalecimiento de las relaciones de cooperación en materia política y comercial.
La voluntad de la comunidad internacional busca evitar que se prolongue el poder ilegitimo en Venezuela, mediante espacios y documentos que visibilizan la preocupación de la región por el pueblo venezolano. Aunque las decisiones, meramente formales, sin ser vinculantes no obligan al régimen de Venezuela, pero lo está llevando al aislamiento de las relaciones diplomáticas con la comunidad y particularmente la región.
*Escribe: Patricia Aquino, Lic. en Gobierno y Relaciones Internacionales.
