El Poder Ejecutivo promulgó a principio de año la ley de Consenso y Responsabilidad Fiscal, sancionada por el Congreso a fines de diciembre último, que elimina gradualmente la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables. En ese contexto, las 23 jurisdicciones que suscribieron al acuerdo avanzan con cambios en el impuesto a los Ingresos Brutos.
Dentro de las provincias que adhirieron a la ley de Consenso y Responsabilidad Fiscal, la provincia de Misiones “es la única que implementó a partir de 2018 la desgravación inmediata para los ingresos provenientes de la exportación de bienes. Asimismo, las exenciones y alícuotas máximas por actividad consisten en llevar a cabo un cronograma para de terminadas actividades (primaria, industria y construcción, entre otras) a implementarse en un plazo de cinco años”.
Datos oficiales dan cuenta de los compromisos asumidos por las provincias respecto a dicho impuesto entre los que se destaca la eliminación inmediata de alícuotas o tratamientos diferenciales para contribuyentes que produzcan fuera de la provincia; la desgravación inmediata para los ingresos provenientes de la exportación de bienes y las exenciones y alícuotas máximas por actividad.
La ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja y Río Negro, son algunas de las jurisdicciones que avanzaron con la eliminación inmediata de tratamientos diferenciales para los contribuyentes radicados, con establecimientos o que produzcan fuera de la provincia (fenómeno conocido como “extraña jurisdicción” o “aduanas interiores”).
En tanto, Misiones es la única que implementó a partir de 2018 la desgravación inmediata para los ingresos provenientes de la exportación de bienes. Asimismo, las exenciones y alícuotas máximas por actividad consisten en llevar a cabo un cronograma para de terminadas actividades (primaria, industria y construcción, entre otras) a implementarse en un plazo de cinco años.
Cabe recordar que la ley de Consenso Fiscal incluye modificaciones tributarias y previsionales acordadas con las provincias que, a su vez, desistirán de sus juicios contra el Estado nacional.
Asimismo, la ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno establece reglas que garantizan la solvencia fiscal de las cuentas públicas nacionales y provinciales, como el hecho de que el gasto corriente no pueda crecer más que la inflación del período y que la dotación de personal no pueda aumentar por encima del crecimiento poblacional. Estas dos leyes fueron sancionadas por la Cámara de Diputados durante la madrugada del 22 de diciembre.
Con respecto al año fiscal 2018, se pueden mencionar distintos ejemplos de jurisdicciones que ya modificaron las alícuotas de imposición en línea con los compromisos asumidos, con reducciones del orden del 0,5% al 1,5%.
En la “Actividad manufacturera”, Buenos Aires redujo la alícuota de Ingresos Brutos de 1,75% a 1,5%; La Rioja pasó de 3,5% a 2%; Misiones de 3,5% a 2%, Neuquén de 4$ a 2%; Río Negro de 4% a 1,5%; Salta de 3,6% a 2% y Tucumán de 4,5% a 2%.
En “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura”, Buenos Aires redujo su alícuota de 1,75% a 1,5%; Mendoza de 2% a 1,5%; Río Negro de 1% a 0,5% y Tucumán de 3,5% a 1,4%.
En “Construcción”, Buenos Aires pasó de 4% a 3%; Córdoba de 4% a 2,5%; Entre Ríos de 4,5% a 3%; Mendoza de 4% a 3%; Misiones de 3,5% a 3%; Neuquén de 4,5% a 3%; Salta de 3,6% a 3% y Tucumán de 4,5% a 3%.
Para el rubro “Transporte”, las modificaciones fueron las siguientes: Buenos Aires pasó de 3,5% a 3%; Córdoba de 3,5% a 2,49%; Misiones de 3,5% a 3% y Salta de 3,6% a 3%. En tanto, en “Créditos hipotecarios”, la Ciudad disminuyó la alícuota de IIBB de 1,5% a 0%; Buenos Aires de 1,5% a 0%; Catamarca de 5% a 0%; Córdoba de 1,5% a 0%; Mendoza de 1,5% a 0%; Neuquén de 5,5% a 0%; Río Negro de 6% a 0%; Entre Ríos de 6% a exento; La Rioja de 7,5% a exento; Misiones de 1,5% a exento y Salta de 1,5% a exento.
El entendimiento de las provincias y Nación es amplio y mixtura desde la solución política a la puja por el Fondo del Conurbano hasta metas provinciales estrictas de reducción del gasto -que los mandatarios provinciales deberán intentar transmitir a los intendentes- y de baja de Ingresos Brutos y Sellos, con cambios en el cálculo del aumento jubilatorio que generaron fuerte polémica y tensión y obligaron a que se hicieran retoques posteriores para que no naufragara la iniciativa.
En lo que respecta al fin del conflicto por el congelado Fondo de $ 650 millones, se acordó que la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, retire la demanda ante la Corte tras asegurarse $ 44 mil millones extra para 2018 y $ 65 mil millones para 2019, en el marco de una actualización gradual.
El entendimiento incluye la derogación del artículo 104 de la Ley de Ganancias, lo que elimina entre otros ejes, la detracción del 20% para la ANSES y libera esos recursos para la coparticipación general.
