Se trata de la introducción de un capítulo a la XIV – No 5 (Antes Ley 2800), que establece multas y sanciones para quien incurra en faltas referidas a la Salud Pública, sanidad e higiene.
El Proyecto de Ley, que cuenta con el acompañamiento del diputado Carlos Rovira, precisa que «se impondrá multa del 25 por ciento al 75 por ciento del sueldo, o arresto de cinco hasta veinte días al que infrinja las normas vigentes en la provincia sobre salud pública, sanidad e higiene», considerando como faltas lo referido a la prevención de enfermedades transmisibles, vacunación obligatoria, falta de desinfección o eliminación de agentes transmisores en lugares de acceso público y el facilitar la proliferación de insectos y roedores, mediante el almacenamiento de residuos, chatarra, y otros elementos rescatados de la basura».
Presenté un Proyecto de Ley que sancionará con severas multas aquellas infracciones que pongan en riesgo la salud pública. Agradezco el acompañamiento del diputado @rovira_carlos #COVID19 pic.twitter.com/sirqv9z9kn
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) 28 de abril de 2020
Asimismo, el «control de uso y condiciones higiénicas de vestimenta reglamentarias y documentación sanitaria exigible de lugares públicos, privados o vehículos sujetos a contralor de la autoridad encargada de velar por la salud pública.
Entre los fundamentos expuestos se indica que «el presente Proyecto tiene por finalidad incorporar una necesaria reforma al Código de Faltas Contravencional de la Provincia, a fin de introducir nuevos tipos de contravenciones».
«En los tiempos que corren, donde se ha declarado la emergencia pública sanitaria a nivel provincial y nacional en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud en relación al Coronavirus Covid-19 y, habiéndose adoptado diversas medidas de prevención y control, con el único objetivo de atender a la situación epidemiológica y recudir el riesgo de contagio en la población, resulta primordial contar con normativade tipo contravencional con el fin de salvaguardar así la salud pública como bien jurídicamente protegido.
