Por Ley buscan declarar la Emergencia Pública Provincial de Vertientes, Cuencas Hídricas y Canales

En la última sesión, antes del receso anual de la Cámara de Representantes, el Bloque de Diputados del Partido Agrario y Social, presentó el Proyecto de Ley en el que solicita se Declare la Emergencia Pública del Sistema Provincial de Vertientes, Cuencas Hídricas, Canales y Álveos. De acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de la Ley XVI-N°15 (antes Decreto Ley 1838/83), el Estado dispondrá de los recursos hídricos para regularizar su utilización y adoptar medidas para su recuperación y preservación.

Entre los objetivos se busca crear un marco de gestión estratégica y participativa para recuperar y preservar el recurso hídrico en beneficio de las generaciones presentes y futuras; implementar programas y proyectos de restauración de cuencas mediante la protección de vertientes, humedales y forestación, sean de dominio público o privado. Además, fomentar el uso racional de los recursos hídricos de dominio privado, de acuerdo a los principios que orientan las buenas prácticas de conservación y sustentabilidad ambiental; adoptar planes de manejo y soluciones técnicas para detener los procesos de erosión, contaminación y sequía en zonas de producción y garantizar el acceso al agua segura y el derecho al uso común, como se establece en el artículo 18 de la Ley XVI-N°15.

Contaminación, erosión y desaparición de vertientes 
«Nuestro Proyecto se origina en la preocupación de muchísimas familias de comunidades rurales y campesinas en las que  observamos la contaminación, erosión y desaparición de vertientes e hidro cuencas receptoras de agua desmontadas, que por acción de ese tipo de erosiones, generan la desaparición del abastecimiento natural de agua. A su vez asociamos la problemática a la situación de cambio climático que hoy es innegable, para el cual incluso nuestra provincia creó una Secretaría para el abordaje de la problemática», explicó el diputado Jorge Páez, autor del proyecto de Ley de Emergencia Hídrica.

Destacó que los estudios del cambio climático auguran periodos más intensos de sequía. «Lamentablemente este año estaríamos viviendo ese tipo de situaciones, y sabiendo que en la provincia nos falta abastecimiento de agua en comunidades rurales, vemos las dificultades por las que están pasando también las redes públicas de Municipios, comunidades indígenas y campesinas. Es importante comenzar a accionar, y para ello es necesario adoptar a la provincia de instrumentos que quizás puedan dedicarse más específicamente a estas temáticas», dijo Paéz.

Hizo hincapié en que sosteniendo el encuadre dentro de la Ley de Regulación de Recursos Hídricos pertenecientes al dominio público provincial, desde esta norma «podamos dotar de algunos instrumentos que son estratégicos para la gestión de esta temática. Por eso proponemos la creación de un Comité de Emergencia para la Recuperación de Vertientes y Cuencas», insistió.

«No podría haber vida rural si no dispusieramos de agua»
El legislador agregó que este Comité debe nutrirse -además de autoridades naturales, provinciales e instituciones nacionales- del aporte de organismos y comunidades, organizaciones sociales que pueden aportar experiencias exitosas en el manejo, administración y cuidado del recurso hídrico local, tanto para en el abastecimiento para consumo humano como también para la producción que es clave, porque «no podría haber vida rural si no dispusieramos de agua para las actividades productivas».

El Proyecto de Ley considera la creación de un Registro Provincial de Vertientes y Cuencas Hídricas en Emergencia, de tal manera que desde el Comité se realicen acciones reconociendo las situaciones críticas, así como el aporte de poblaciones rurales afectadas por la problemática de la erosión de las cuencas y vertientes naturales que puedan configurar ese registro, y desde ahí el Estado mediante la Ley de Emergencia, genere proyectos, disposiciones y acciones reparadoras que conciben no sólo al cuidado, sino también en muchos casos a la recuperación de vertientes y cuencas que son claves, y más aún en este contexto de cambio climático en el que vivimos», remarcó el diputado del PAyS.

Población rural misionera sin acceso al agua potable
Recordó que el acceso al agua potable y al saneamiento fue declarado un Derecho Humano por Naciones Unidas, y Misiones adhirió a dicha declaración mediante la Ley IV-N°59 «Derecho al Agua». Sin embargo, la población rural misionera, que conforma el 26,2% de la población total de la provincia (según el Indec 2010) no tiene acceso a la provisión de agua potable para consumo humano.

Los fundamentos de la iniciativa del PAyS indican que aunque las precipitaciones en la provincia son importantes, hay problemas de acceso al agua y períodos de sequía desde fines de la primavera hasta el otoño, de hecho es una preocupación en este tiempo. Los estudios sobre las consecuencias del cambio climático para la región, que afecta al territorio misionero, tiene un tercio de su superficie bajo el Sistema de Áreas Naturales Protegidas, y advierten respecto a la intensificación de los períodos de sequía para los próximos años. Por eso, y teniendo en cuenta las consecuencias de la deforestación producida por la importante actividad maderera que históricamente se desarrolló en la provincia, ésta es una de las razones que fundamentan la propuesta de Declaración de la Emergencia Hídrica en la Provincia.

Al ser declarada y conforme al nuevo paradigma de Gobernanza Ambiental al que adhirió nuestro país  -con la suscripción al denominado Acuerdo de Escazú–, es necesario establecer un marco legal específico para atender a la problemática desde un enfoque participativo para la toma de decisiones y el desarrollo de acciones concretas.

Reconocimiento a quienes atienden esta problemática
Esta Ley pretende reconocer también la experiencia acumulada por parte de institucionales que hace ya varios años  atienden la problemática planteada, como el INTA, el Ministerio de Agricultura de Nación, Pro Huerta, ONGs, Cooperativas, Ministerio del Agro, la Red Misionera de Agua para el Desarrollo Rural, y varias experiencias de gestión comunitaria de agua, desde un enfoque de cuencas con organizaciones de productores y comunidades mbya guaraní. «Por esto insistimos en la viabilidad de esta norma, ya que la provincia cuenta con equipos técnicos capacitados y con amplia inserción en el territorio para llevar adelante la implementación de programas y planes de manejo, que permitan cumplir los objetivos establecidos en el marco de la Ley», subrayó Páez.

El Estado, por su parte, a través del Ministerio de Ecología deberá ser el espacio de articulación y coordinación de las acciones generales, proveyendo para esta norma, los recursos presupuestarios, la inversión y su distribución equitativa para desarrollar políticas de amplio alcance.

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