La Unión Cívica Radical (UCR) presentó un proyecto de ley para que todos los jueces paguen el Impuesto a las Ganancias desde el año que viene. Se trata de un planteo recurrente dentro del oficialismo y que busca modificar la ley 26.628, en particular el artículo 79, para aumentar la recaudación en 7 mil millones de pesos, según la estimación oficial del radicalismo.
De unos 700 jueces nacionales y federales, hasta ahora solo ocho jueces nacionales pagan el impuesto a las Ganancias –junto a otros 417 empleados y funcionarios- que ingresaron después del 2017 al Poder Judicial y fueron alcanzados por una ley impulsada durante la gestión de Mauricio Macri. Uno de ellos trabaja en el área de la Corte Suprema. En el ámbito del Ministerio Público la recaudación por ese tributo es aún más escasa: ningún fiscal paga el impuesto de los 270 cargos ocupados.
Es que la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) presentó una medida cautelar para que se frene la aplicación de esa ley, que nunca fue reglamentada por la AFIP y el Ejecutivo. En noviembre de 2017, el juez Esteban Furnari hizo lugar al planteo hasta que se defina la constitucionalidad de la ley 27.346, en una resolución que fue confirmada en marzo por la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Sin embargo, el Ejecutivo apeló y el tema está bajo la lupa de la Corte Suprema de Justicia.
El radicalismo busca que la iniciativa se incorpore al Presupuesto Nacional de 2019, «y que logre sustituir el Artículo 79, Inciso A, de la Ley Nacional 20.628», que dispone quiénes deben abonar este tributo.
«Solicitar al Poder Ejecutivo de la Nación a través del Ministerio de Hacienda que incorpore al Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal de 2019, la sustitución del Artículo 79, Inciso a, de la Ley Nacional 20.628 que hasta el momento eximía a los empleados y magistrados judiciales», según el texto difundido este miércoles por la UCR.
Según informó ese partido, la AFIP se pierde de recaudar por la exención de ingresos de magistrados y funcionarios del Poder Judicial -tanto nacional y como provinciales- el 0,06 % del Producto Bruto Interno.
En 2016, este porcentaje representó 4.607 millones de pesos; en 2017, unos 5.759 millones y en 2018, 6.911 millones, indicó el radicalismo.
Fuente: Infobae
