Absoluta precariedad del vehículo que los transportaba
El objetivo de la pensión es brindar contención económica y social a las víctimas sobrevivientes y al grupo familiar de las víctimas fatales de esos dos accidentes, de manera mensual y equivalente a un salario mínimo, vital y móvil.
La propuesta de la ley indica que pueden solicitar el beneficio en representación de cada víctima fatal, los padres, el conviviente legal o de hecho, o el familiar más cercano. Y especifica que el beneficio es “individual cuando en el seno familiar exista más de una víctima”.
En los fundamentos, la iniciativa recuerda que el 2 de octubre de 2000, 33 tareferos de las Colonias San Miguel y 100 Hectáreas, protagonizaron el accidente que le costó la vida a cuatro trabajadores, mientras que otros padecen secuelas de por vida.
El camión los transportaba -en condiciones de absoluta precariedad- hacia una plantación de Colonia Alicia, en Aurora «por desperfectos técnicos terminó su recorrido a un costado de la ruta, arrojando durante el vuelco a todos los ocupantes de la carrocería donde viajaban sin medidas de seguridad, hombres, mujeres y niños”, y causó las muertes de Julio Benítez, Guillermo Rodríguez, Ramón Ayala, y José De Olivera.
Este hecho produjo un intenso debate sobre las condiciones inhumanas en las que eran trasladados los trabajadores, pero un siniestro trágico de similares características ocurrió años más tarde, en las proximidades del acceso al Parque Provincial Salto Encantado.
De los 25 tareferos accidentados, 14 eran adolescentes
El legislador del PAyS sostuvo que la intención es que exista una pensión graciable para las familias de las víctimas de los lamentables accidentes. Y destacó que de las 25 personas que viajaban en el desvencijado Ford 7000 que volcó en la ruta 220, 14 eran menores de edad, y tres de ellos murieron: Edgard Ferreyra (17), Fernando Piñeyro (14) y Lucas Da Silva Rodríguez (14). También perdieron la vida José Francisco Piñeyro (42), el padre de Fernando, Miguel Angel Miranda (55) y su hijo Hugo Franco (32), Luis Alberto Godoy (33) y Javier Da Silva (23).
Bárbaro manifestó que el Gobierno provincial se comprometió con familiares de las víctimas, y los sobrevivientes de la tragedia, «a otorgarles una ayuda económica que no llegó, ni para ellos ni para los de Colonia Aurora. donde murieron cuatro tareferos, y muchos quedaron mutilados».
Reiteró que los trabajadores viajaban en la carrocería del vehículo, sin las condiciones mínimas de seguridad, ni siquiera las protecciones laterales, incumpliendo con lo dispuesto por la Ley IX- Nº 8 de creación del Registro de Prestadores de Servicios de la Cosecha de Yerba Mate.
Poca prevención y promesas incumplidas
El Proyecto de Ley del diputado Bárbaro, acompañado por Martín Sereno, sostiene que se adoptaron «pocas medidas y débiles controles para revertir las condiciones de precariedad que históricamente signaron la actividad tarefera en la provincia; a pesar de la vigencia de normativas tan importantes en materia de derecho laboral como el Nuevo Estatuto del Peón Rural Ley Nº 26727 y el Convenio de Corresponsabilidad Gremial para la Yerba Mate, ninguno de los cuáles se efectiviza con amplio alcance, debido a la presión de los sectores empresariales dominantes en la cadena yerbatera”.
En ese sentido, hizo hincapié en que el Estado comprometió -y no cumplió- viviendas y la implementación de una pensión vitalicia para las víctimas.
