Desde el Congreso de la Nación, la diputada nacional por Misiones, Silvia Risko, solicitó que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a cargo de Carolina Stanley, presente un informe explicando los motivos por los cuales se dieron de baja miles de pensiones a discapacitados de todo el país.
La legisladora argumentó que “la pensión por invalidez es un derecho amparado constitucionalmente a través de pactos internacionales”.
El requerimiento coincide con la investigación preliminar que inició el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social, Gabriel de Vedia.
En medio de la polémica que generaron las suspensiones en los beneficios por discapacidad o invalidez, Stanley se comprometió a revisar los «errores»;. Sin embargo, Risko argumentó que su pedido de informes obedecen a que “las explicaciones que dio la ministra tienen poca claridad. Todavía no explicó cuáles fueron los motivos que la llevaron a tomar semejante medida”.
La legisladora quiere saber la cantidad exacta que se dieron de baja desde diciembre de 2015 a la fecha, el fundamento legal para dar de bajas o interrumpir el pago, las causas o criterios utilizados, si se notificó previamente a los afectados, si siguen trabajando los equipos territoriales que atendían la situación integral de las familias con algún miembro discapacitado, el número de solicitudes de pensiones que se ingresaron desde el 2015 a la fecha y cuántas de esas solicitudes fueron resueltas de manera favorable, la cantidad de pensiones dadas de baja durante ese período que debieron ser dadas de alta nuevamente y tiempo promedio que debieron esperar para que se le reestableciera la misma y el número de pensiones dadas de baja que corresponden a personas discapacitadas que residen en Misiones.
Para cerrar, Risko acusa al gobierno de Macri de tener la insensibilidad social porque “la cantidad de personas afectadas que pertenecen, sin dudas, a los sectores más vulnerables de la sociedad es que solicitamos que las autoridades correspondientes vengan a dar las explicaciones necesarias y revisen sus decisiones”.
Pedido
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Solicitar a la titular del Ministerio de Desarrollo Social, Dra. Carolina Stanley y al titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (C.N.P.A), Lic. Guillermo Guido Badino, que informen a esta HCDN sobre la baja y suspensiones de pensiones por invalidez en el período que va desde diciembre de 2015 a la fecha. En ese sentido se requiere que informen:
- Cantidad exacta de pensiones por invalidez que se dieron de baja desde diciembre de 2015 a la fecha.
- Fundamento legal para dar de bajas o interrumpir el pago de dichas pensiones.
- Causas o criterios utilizados para las suspensiones y/o bajas.
- Si se notificó previamente de la suspensión y/o baja de las mismas a los afectados.
- Si siguen trabajando los equipos territoriales que atendían la situación integral de las familias con algún miembro discapacitado.
- Número de solicitudes de pensiones por invalidez que se ingresaron desde el 2015 a la fecha y cuántas de esas solicitudes fueron resueltas de manera favorable.
- Cantidad de pensiones dadas de baja durante ese período que debieron ser dadas de alta nuevamente y tiempo promedio que debieron esperar para que se le reestableciera la misma.
- Número de pensiones por invalidez dadas de baja que corresponden a personas discapacitadas que residen en la provincia de Misiones.
FUNDAMENTOS:
En el presente pedido de informes se intenta que las autoridades correspondientes den explicaciones e informes sobre lo que es un tema de público conocimiento y que es la baja de aproximadamente 160.000 pensiones por invalidez de parte de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (C.N.P.A) que forma parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación desde diciembre de 2015 a la fecha. De acuerdo a lo expresado públicamente por las autoridades de la Comisión y del mismo Ministerio de Desarrollo la baja tiene que ver con supuestas irregularidades en las condiciones que tienen que cumplirse para ser beneficiario de la misma. Para ello, invocan el Decreto N° 432 del año 1997 que establecía ciertos temas patrimoniales al momento de poder acceder al derecho de pensión.
Según el titular de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de la Seguridad Social (UFIses), Gabriel de Vedia “El decreto de Carlos Menem sobre el que se apoya la medida, que según el Gobierno es para evitar “incompatibilidades e irregularidades detectadas”, está mal aplicado porque prevé regulaciones y limitaciones a una ley previa- en referencia a la Ley 13478. Se trata de una legislación “vieja reglamentada muchos años después con un decreto de dudosa constitucionalidad”.
Si además de eso, tenemos en cuenta que la pensión por invalidez no es una dádiva, ni un subsidio sino un derecho que está amparado constitucionalmente a través del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y por la Convención Internacional de Discapacidad que nuestro país suscribió en 2014, se concluye que nuestro país se ha comprometido, ante otros Estados, a respetar este tipo de derechos.
También deberán dar explicaciones no sólo sobre el fundamento legal y constitucional sobre la cual basan sus decisiones sino en la forma que dichas decisiones son tomadas. La mayoría de las personas a las que se le dieron de baja estas pensiones se enteraron cuando fueron a cobrarla. Fueron decisiones de oficio, sin posibilidad de defensa por parte de los perjudicados. Asimismo, el 40 % de los casos que fueron dadas de alta nuevamente por errores de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales debieron esperar más de 6 meses en promedio para que le reestablezcan el cobro de dicha pensión. A la situación de baja y suspensión de las pensiones por invalidez que estaban vigentes tenemos que agregar también que desde diciembre de 2015 a la fecha se otorgan menos pensiones (hay desde esa fecha 100.000 solicitudes de pensiones sin respuesta) y que se desmontaron los equipos territoriales que atendían la situación integral de las familias con algún miembro discapacitado.
Por la gravedad de todo lo expuesto, la insensibilidad social de quienes toman este tipo de decisiones, la cantidad de personas afectadas que pertenecen, sin dudas, a los sectores más vulnerables de la sociedad es que solicitamos que las autoridades correspondientes vengan a dar las explicaciones necesarias y revisen sus decisiones.
Por lo expuesto, solicito a mis colegas diputados y diputadas me acompañen en el presente proyecto.